Domingo 12 de agosto de 2007 | Publicado en edición impresa
FUENTE: LA NACIÓN
La herramienta es muy cuestionada por su falta de control
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El primer caso en poner la lupa sobre un fondo fiduciario fue el de Skanska. Allí se investiga si la plata que supuestamente se utilizó para pagar sobreprecios y coimas salió de ese tipo de cajas. Ahora, del análisis del dinero que manejaba Claudio Uberti y de la alta proporción que provenía de fondos fiduciarios -algo más de 757 millones-, la polémica sobre este tipo de herramientas financieras se vuelve a instalar.
Los fideicomisos -en realidad a los que son públicos se los llama fondos fiduciarios- son contratos que tienen como principal característica que el dinero se usa para un bien determinado y que no se puede cambiar el destino.
La herramienta ha sido una de las formas más comunes de financiar todo tipo de inversiones privadas. Por ejemplo, podría darse el caso de que una persona tenga un terreno con posibilidades de que allí se construya una torre de departamentos, pero que no cuente con el dinero necesario para realizar la obra. Podrá, entonces, buscar un inversor que financie el proyecto, construya la obra y terminada, venda los inmuebles. Pero también el dueño del terreno -en este caso fiduciante- podrá constituir un fideicomiso y nombrar como mandante, por ejemplo, a una empresa constructora, a una inmobiliaria o a una entidad financiera. Estos serán en este caso los fiduciarios y tendrán la misión de hacer la obra, comercializarla y vender los departamentos terminados. Los compradores serán los beneficiarios. Así funciona un fideicomiso privado.
MENOS CONTROL
Pero en el ámbito estatal todo cambia. Los fondos fiduciarios públicos se crearon originalmente para destinar un monto a un fin determinado. La herramienta debería permitir que el dinero afectado no pueda ser direccionado. Hasta ahí, no hay demasiadas polémicas. Lo que sucedió con el paso de los años, especialmente desde la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, es que se abusó de la herramienta por una razón no menor: no están regidos por las mismas normas que las demás erogaciones de la administración pública por la simple razón que ese patrimonio está separado del resto.
Sucede que sólo figura una planilla -literalmente es sólo una hoja- en la que se enumeran los montos totales que se destinan a cada fondo, pero nada se releva de cómo se usa el dinero.
De acuerdo con el presupuesto vigente, en este año, 5620 millones se canalizarán mediante este mecanismo y tendrían un control casi nulo. Esa suma podría no ser definitiva, ya que el Gobierno puede inyectar más fondos a esas cajas mediante aportes directos. .