Luciana VázquezPARA LA NACION
¿Puede un gobierno encarar una "revolución educativa" sin información acerca del punto de partida? La respuesta es más que obvia: no. Y sin embargo, el Estado del Estado que hizo público el gobierno nacional con la pretensión de mostrar, a modo de diagnóstico, un cuadro exhaustivo de la herencia legada por la gestión kirchnerista dice poco y nada sobre el gran tema que el macrismo en el poder agita, incansable, como bandera: la educación.
En el tema educativo, El Estado del Estado es breve, se queda en la superficie y abunda en generalidades ya conocidas, imprecisiones y conclusiones sesgadas. Hay mucho para decir sobre ese apartado que lleva el título de "Educación".
Primero su extensión mínima. Apenas poco más de cuatro páginas de las 223 que ocupa el informe, desde el final de la página 49 y hasta el final de la 53. Nada si se la compara con las 24 páginas dedicadas a "Transporte" o las 18 consagradas a "Energía y minería".
Para dejarlo bien claro: no es menor la cuantificación de la letra del informe. Es interesante el planteo educativo con el que insisten el presidente Macri y su ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich: la necesidad de una educación de calidad para todos como eje incuestionable de una Argentina futura socialmente sustentable, basada en una economía del conocimiento. Y sin embargo, el informe minimiza el área educativa y prioriza al sector energético, por ejemplo, atado a la vieja economía extractiva que las sociedades más desarrolladas, esas a las que el macrismo tiene como horizonte, están dejando atrás.
Y no sólo eso: la voluntad revolucionaria del nuevo gobierno en materia educativa contrasta con la jerarquía asignada a "Educación" dentro del Estado del Estado. Ahí llega el segundo punto a comentar: "Educación" es tan sólo un subtema dentro del tema principal "Desarrollo humano", que engloba "Vivienda", "Salud", el programa odontológico "Argentina sonríe" y "PAMI". El eje de la revolución que el macrismo pretende, la educación, aparece borroneado, perdido, chiquito, en una sección inasible donde el informe mete a la fuerza necesidades insatisfecha diversas. Hay nueve secciones principales en el Estado del Estado. "Educación" no mereció esa categoría. Ese es un error garrafal del informe.
"Hay nueve secciones principales en el Estado del Estado. Educación no mereció esa categoría"""
No digo que, por ejemplo, la crisis profunda del sector energético no merezca un tratamiento puntilloso de 18 páginas. Lo que sostengo es que el estancamiento educativo de la Argentina desde hace por lo menos quince años obliga al desarrollo de un diagnóstico de una profundidad semejante e incluso, mayor.
Tercero, nada nuevo, nada que no supiéramos antes, hay en el Estado del Estado sobre educación. Cada una de las conclusiones y diagnósticos educativos que propone el informe vienen siendo tratados por los medios de comunicación en los últimos años y en investigaciones infinitamente más rigurosas que el panorama planteado por El Estado del Estado.
Es llamativo: después de seis meses de gestión y con la posibilidad única de hurgar desde adentro del sistema educativo, el informe del Gobierno repite lugares comunes que buena parte de la sociedad conoce y discute hace tiempo en los encuentros de mesa ratona cuando llega la hora de indignarse, entre amigos, con la crisis educativa argentina.
Sobre los "severos" problemas de infraestructura escolar que menciona al pasar, por ejemplo, no hay una sola cifra. Tampoco hay información ninguna sobre la compra masiva de libros de textos para las escuelas, un rubro siempre polémico dentro de las gestiones educativas. No hay una sola mención al Plan Conectar Igualdad, cuya dimensión operativa y financiera aparece desarrollada con algo más de precisión en el subtema "ANSES" dentro de "Trabajo y seguridad social". Su impacto pedagógico en la mejora de los aprendizajes, puesto cada vez más en duda, no figura en el Estado del Estado.
No hay dato alguno sobre la situación de la educación técnica de nivel medio ni de la educación técnico profesional de nivel superior no universitario aún cuando resultan claves para el empleo y el desarrollo económico y a pesar de que el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), que depende del ministerio de Educación nacional, es una de las áreas más proactivas de Cambiemos en la gestión basada en datos.
Tampoco hay un detalle de las numerosas y diversas políticas pedagógicas y educativas puntuales desarrolladas, responsables en definitiva de los resultados obtenidos, la inversión que demandaron ni tampoco ninguna correlación con los recursos humanos del ministerio de Educación nacional puestos en juego, sus perfiles, el tipo de contratación, la curva de crecimiento de la cantidad de empleados en el ministerio o los niveles salariales.
Ni un solo "ñoqui" y ni un solo episodio de corrupción denunciado en El Estado del Estado en el área educativa. Queda la duda: ¿se trata de una excepción comparada con lo ocurrido en otras carteras? ¿O se debe a una suerte de desidia informativa por parte de las nuevas autoridades del ministerio o si la información existe, de fallas en la edición del informe del Gobierno?
¿Qué datos y diagnósticos educativos sí incluye el Estado del Estado? Es algo más preciso en la descripción de los manejos cuestionables en el financiamiento de las universidades públicas pero enseguida se conforma con sintetizar en una o dos oraciones y en cifras demasiado gruesas temas como matrícula universitaria, desigualdades en el acceso a la universidad y perfil de graduado.
En relación a la escolaridad básica, el Estado del Estado también deja sabor a nada. El informe señala la caída en índices claves de la educación: la cantidad de años de estudio por habitante, la tasa de analfabetismo, de graduación del secundario o de cobertura en nivel inicial pero resume el estado de esos indicadores en pocas cifras demasiado generales para un informe con pretensión de revisión detallada.
Para diagnosticar la baja calidad de los aprendizajes, después de seis meses de gestión, recurre a los resultados más trillados de la pruebas internacionales PISA y de UNESCO y para colmo lo hace a la ligera, sin detallar. Basta con googlear para ver que ya fueron publicados en medios de comunicación una y otra vez.
"Sobre la formación docente, el único comentario del informe se reduce a: 'maestros que no tenían suficiente capacitación'. Nada, ni una sola evidencia, sobre en qué basa esa conclusión"
Sobre la formación docente, el único comentario del informe se reduce a: "maestros que no tenían suficiente capacitación". Nada, ni una sola evidencia, sobre en qué basa esa conclusión aún cuando el ministerio de Educación nacional cuenta desde mediados del año pasado con los resultados del Censo Nacional del Personal de Establecimientos Educativos, el censo docente de 2014, a los que todavía no accedió la ciudadanía. Era una oportunidad ideal para darlo a conocer ampliamente, aún con las fallas metodológicas que pudiera tener, en tal caso para denunciarlas. El Estado del Estado no aprovechó esa oportunidad.
Tampoco encontró espacio para publicar los resultados de las pruebas del Operativo Nacional de Evaluación (ONE) 2013, a las que llama erróneamente "Pruebas Nacionales de Evaluación", que sólo fueron publicados oficialmente desde el ministerio de Educación nacional de Alberto Sileoni por regiones pero no por provincias. Esa es una diferencia sustancial: conocer el desempeño de cada provincia permite a la ciudadanía asignar responsabilidades políticas al panorama de la educación en cada distrito.
El Estado del Estado sí hace mención, siempre superficial, a la calidad de las pruebas ONE por su falta de "confiabilidad y validez" a partir de fallas en su implementación, con pocos alumnos respondientes. Y en relación a las evaluaciones, también destaca un tema central: la falta de transparencia de la información sobre la educación, que es un hecho.
El Estado del Estado se refiere con insistencia a ese problema, que achaca a los años kirchneristas. Se refiere exactamente a: "la deliberada falta de transparencia en la difusión de esos pocos operativos nacionales".
Y aquí surgen dos cuestiones delicadas a las que se enfrenta toda gestión educativa que asume y que ha estado, al mismo tiempo, gobernando otro distrito como es el caso del macrismo. Ni la falta de transparencia en la divulgación de datos educativos ni la baja calidad de los aprendizajes en Argentina puede atribuirse solamente a la gestión nacional kirchnerista: esa conclusión es sesgada. Y esto por dos motivos.
Por un lado, porque el ministerio de Educación nacional fija políticas que funcionan como marcos de acción pero no administra escuelas: cada jardín de infantes, cada escuela primaria y secundaria de la Argentina, sus maestros y lo que sucede en las aulas, depende de los ministerios de Educación provinciales. Las políticas educativas implementadas en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, no importa si por gestiones kirchneristas o no, también fueron responsables de la baja calidad educativa de la última década. De su estancamiento e incapacidad para la mejora.
Por el otro lado, porque todas las provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, integraron durante todos los años de gestión kirchnerista el Consejo Federal de Educación, donde se acuerdan esas políticas educativas generales. El Estado del Estado se alarma por el incumplimiento de los 180 días de clases pero, por ejemplo, todos los distritos incluida Ciudad de Buenos Aires avalaron la decisión de ceder horas de clase para que los alumnos vieran los partidos del Mundial 2014 en la escuela.
Y respecto de la falta transparencia en la divulgación de las pruebas ONE, por caso, ni la Ciudad de Buenos Aires ni otras provincias denunciaron esa situación cuando tomó estado público a principio de 2015. Con el argumento de las fallas metodológicas que sesgaban algunos resultados en algunas provincias, CABA entre ellas, y en pleno año electoral, se optó por invisibilizar los resultados.
En materia educativa, El Estado del Estado acaba de crear una necesidad insatisfecha: la de transparencia educativa. Es imperioso hacer pública la información con que ya cuenta el sistema educativo y, al mismo tiempo, a partir de ahora, generar indicadores confiables. Una política educativa que alcance resultados revolucionarios requiere partir de datos firmes que orienten la acción. Si no, se corre un riesgo: perder otros cuatro años en la carrera por la mejora de la educación. Es un lujo que la Argentina no puede seguir permitiéndose.
La información precisa es también el mejor antídoto para no dejarse encandilar por losslogans educativos, no importa de qué signo, que dejan cómoda a la clase política del presente pero condicionan a la Argentina del futuro, en el mediano y largo plazo. Ya lo hemos visto. No repitamos el error. Todavía estamos a tiempo.