Publicada
22/07/2012
Roberto Cachanosky
Los
argentinos hemos aceptado que nos prohíban comprar, producir y vender lo que
queremos, que nos digan cómo debemos ahorrar, que nos cobren cada vez más
impuestos sin que el Estado rinda cuenta de sus gastos y hasta que nos digan
qué tenemos que pensar y qué podemos decir y qué no públicamente. ¿Somos libres
o estamos presos?
Cada día que pasa, el discurso del Gobierno tiende
a tratar de convencernos de que los derechos de los habitantes empiezan a
transformarse en delitos y que lo que son delitos y abuso del uso del poder,
son derechos de los gobernantes que buscan el bienestar de la población.
Si hoy alguien quiere ejercer su derecho a enviar
sus ahorros al exterior porque desconfía de la seguridad jurídica, según el
discurso del Gobierno es un delincuente, cuando en rigor el acto delictivo lo
comete el Estado violando el derecho de propiedad y generando inseguridad
jurídica.
Si alguien quiere comprar dólares para defenderse
de la inflación, o porque se le da la gana, es un delincuente. Justamente el
viernes pasado, el ministro de Economía Hernán Lorenzino afirmó que el mercado
marginal o blue hay que verlo como un acto delictivo. Siendo que el dólar es
una mercadería como cualquier otra, no se entiende por qué comprar una simple
mercadería llamada dólar se transforma en un acto delictivo y no es un delito
prostituir el valor del peso. ¿Por qué es delito defenderse de la inflación que
genera el Estado y no lo es destruir el peso como moneda?
Si alguien quiere, con el fruto de su trabajo,
comprar una mercadería importada es un delincuente si el Estado no lo autoriza,
pero no es un acto delictivo que un funcionario público utilice el monopolio de
la fuerza para violar el derecho a que cada uno utilice sus ingresos como mejor
le parezca y compre lo que considera más conveniente para él.
Alguien que emite una opinión sobre la evolución
del mercado inmobiliario inmediatamente es denunciado públicamente por su
situación fiscal, desviando el tema de lo que ocurre realmente en dicho
mercado, y el derecho a la libre expresión pasa a ser reprimido.
Por ejemplo, el soberbio Axel Kicillof acaba de
afirmar que el discurso de los economistas opositores hace daño porque algunas
personas todavía los escuchan. Resulta que ahora él es el dueño de la verdad y
estableció el delito de opinión, porque todo el que opina diferente le hace
daño al país. Pareciera ser que los destrozos que está haciendo el Gobierno al
que pertenece son una bendición para el país. Generar desocupación, inflación,
recesión, pobreza e indigencia tal vez no sea un delito, pero sí falta de
idoneidad para gobernar un país y mala praxis profesional.
Insistir con la estupidez de que el sistema
jubilatorio de reparto es solidario y el privado es mezquino indica que este
joven no estudió matemáticas y no sabe que el sistema de reparto es infinanciable
aquí y en cualquier parte del mundo, porque la esperanza de vida aumentó y cada
vez se necesitan más activos para mantener a un pasivo. En el caso particular
de Argentina, como las jubilaciones dependen de la tasa del impuesto que se
aplique sobre los salarios, del nivel de salario y de la tasa de ocupación,
todavía es más inviable, porque la desocupación crece, los salarios reales
están cayendo y la tasa del impuesto es tan alta que estimula el trabajo en
negro.
Además, Kicillof no debería presentarse como el
dueño del monopolio de la solidaridad ya que no es muy solidario no cumplir con
el mandato de la Corte Suprema de pagar el 82% móvil y estirar los juicios para
que los jubilados se vayan muriendo y sus reclamos queden en la nada. Especular
con la muerte de la gente para no pagar es de una bajeza sin límites.
Por otro lado, ¿quién le otorgó el derecho a
decidir cómo me voy a jubilar? Yo no defiendo el sistema de AFJP, defiendo el
derecho a que cada uno arme su jubilación como mejor le parezca y no sea papá
Estado el que me diga cómo tengo que prevenir mi futuro. En todo caso, el
Estado, argumentando solidaridad, ha sumergido a los jubilados en la miseria
más absoluta. Mi jubilación la puedo hacer armando una cartera con activos como
propiedades, bonos o acciones, entre otras opciones, y no depender de que el
Estado le cobre un impuesto al que trabaja para pagar mi jubilación.
Es más, tal es el grado de la burrada de Kicillof
cuando afirma que el sistema de reparto es solidario y que el otro no funcionó,
que ni siquiera se tomó el trabajo de ver cómo se financia el pago de las
jubilaciones actuales: el 100% de los ingresos de la ANSES no proviene de los
impuestos al trabajo, sino que este organismo también recibe parte de los
impuestos a la ganancia, internos, IVA, combustibles, cigarrillos, entre varios
otros. Si fuera por los ingresos de aportes y jubilaciones, los jubilados
estarían peor que ahora. Pero, nuevamente, el derecho a que cada uno busque la
forma de prevenir su futuro es, para el Gobierno, un delito.
Y más burrada es decir que es “privatista,
noventista y reaccionario” que no se destinen los fondos de la ANSES al sistema
productivo. Lo de noventista lo habrá dicho por sus jefes los Kirchner que
fueron menemistas. Lo de privatista lo dirá por los funcionarios K que hacen
fortunas con los negocios que le brinda en bandeja el Gobierno. Pero lo que
refleja la ignorancia de este charlatán de tribuna es que si alguien arma en
forma libre su jubilación comprado bonos, acciones, propiedades u otros
activos, canaliza sus ahorros hacia el sistema productivo. La diferencia es que
él quiere manejar nuestra plata y no que nosotros la manejemos. Si la manejamos
nosotros sin entrar al sistema de reparto, somos delincuentes evasores. Si
ellos las despilfarran y condenan a los futuros jubilados a la miseria son
solidarios.
Pero dejando de lado los dichos de un funcionario
que pretende dar cátedra sobre cómo funcionan la economía la economía en
general y la argentina en particular cuando le faltan muchas horas de vuelo, lo
concreto es que aquí se están cambiando los valores fundamentales. Los derechos
de los ciudadanos son transformados en delitos mediante el discurso K, mientras
que las violaciones al orden jurídico y el abuso del poder por parte de los
funcionarios públicos son presentadas como un derecho del Gobierno, que si
alguien llega a discutir es el enemigo o el destituyente.
Es decir, la violación al estado de derecho se
transforma en algo legítimo y los derechos de los habitantes en delitos. Con
este cambio de roles, es obvio que el “vamos por todo” no es otra cosa que
intentar establecer una autocracia.
Hemos aceptado que nos prohíban comprar lo que
queremos, producir y vender lo que deseamos, ahorrar como se nos da la gana,
viajar al exterior sin restricciones, que nos obliguen a soportar una enorme
carga tributaria sin poder saber en qué se gasta, que la AFIP nos persiga sin
derecho a la defensa por opinar diferente, a que nos metan miedo si hablamos y
a soportar una cadena atrás de otra para que nos reten. En fin, la lista es tan
grande que prácticamente cualquier cosa que hacemos pasamos a ser delincuentes
para el Gobierno o merecemos una reprimenda de su “majestad”.
En síntesis, si seguimos este rumbo, cada uno de
nosotros va a estar en libertad condicional y siendo atropellado por un
gobierno que ha perdido legitimidad al usar el monopolio de la fuerza para
violar nuestros derechos.
Para finalizar, cabe recordar el artículo 29 de la
Constitución, que si algún día se recupera la República, debería ser aplicado
con todo rigor:
“El Congreso no puede conceder al
Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de
provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni
otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las
fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos
de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que
los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames
traidores a la patria.”
Hoy, Cristina Fernández de Kirchner dispone de
facultades extraordinarias para manejar el presupuesto. Y Guillermo Moreno, el
secretario de Comercio Interior, dispone de la suma del poder público por lo
que la vida, el honor y las fortunas de los argentinos quedan a merced del
Gobierno o algún funcionario como él.
El artículo 29 de la Constitución ha
sido violado de punta a punta. Algún día debería haber un Nuremberg para que
nadie más, en el futuro, se anime a violar los derechos de los ciudadanos con
total impunidad.
